Ley de Arizona: la Corte se mete enmedio de la controversia./Reuters.
La decisión de la Corte Suprema de conocer del caso de la Ley SB1070 de Arizona pone al máximo tribunal de justicia en el centro de una de las controversias más intensas y polarizantes que tiene el país: sobre que los estados puedan legislar en asuntos de inmigración que históricamente han sido prerrogativa del gobierno federal.
Arizona por supuesto, considera que tiene el derecho de hacerlo bajo el argumento de que el gobierno federal no ha cumplido con su deber de aplicar las leyes de inmigración. Es por ello que en abril de 2010 aprobó la Ley SB1070, la que en ese momento era la ley más dura contra la inmigración indocumentada (ahora hay otras peores como la de Alabama).
Esta ley tiene artículos como el que señala que la policía puede pedir los documentos de identidad de cualquier persona que a juicio del uniformado parezca que esta en el país en situación migratoria irregular. O también otro que convierte en un delito el que un indocumentado trabaje o pida trabajo en Arizona.
Igualmente, otro artículo que obliga a los extranjeros a llevar consigo sus documentos migratorios. Y otro más, que da la facultad a las autoridades de arrestar a alguien de quien se sospecha ha cometido un crimen por el cual pudiera ser deportado. Estos cuatro artículos de la ley son los más controversiales y los cuales en su momento una juez ordenó que no se aplicaran (el resto de la ley sí se aplica) mientras se conocía de la apelación de toda la ley SB1070.
El gobierno federal por su parte, alega que lo de Arizona es inconstitucional ya que la ley se mete a lo que por siempre -desde los tiempos que se fundó Estados Unidos- ha sido asunto precisamente federal. Es el gobierno en Washington, vía la aplicación de la leyes que ha dado el Congreso, el que regula y aplica todo lo que tiene que ver con inmigración, argumenta la Administración Obama.
Los conservadores son mayoria en la Corte.
Es por ello que el gobierno apeló de la ley de Arizona y por ello también que la juez se pronunció ordenando que no se aplicaran esos cuatro artículos. Estos artículos son precisamente el objeto de la controversia ante la Corte Suprema y sobre los cuales el máximo tribunal sentenciará.
Aun cuando obviamente nadie sabe en qué sentido resolverá la Corte Suprema el solo hecho de que haya aceptado conocer del caso es un indicio de que el máximo tribunal pudiera inclinarse por la posición de Arizona. Si la Corte hubiese creído que el gobierno federal tiene toda la razón casi con seguridad hubiera rehusado tomar el caso. Particularmente porque tanto un juez como un tribunal de Apelaciones han sentenciado en favor de la posición del gobierno federal.
La Corte, no obstante que en el papel es apolítica, tiene por supuesto sus preferencias ideológicas. Hay en este momento una mayoría conservadora que impone con frecuencia su visión del mundo y de la ley. En este tema de inmigración por ejemplo, la Corte resolvió hace unos meses en un caso igualmente controversial que también provenía de Arizona. Uno en el que se castiga a los comercios con la pérdida de su licencia para operar en el estado si son culpables en repetidas ocasiones de contratar trabajadores indocumentados.
La gran pregunta por supuesto será si la Corte aplicará en el caso de la SB1070 los mismos parámetros legales que utilizó en este caso de la pérdida de la licencia de los comercios. De si los estados tienen el derecho de “complementar” -es el término que Arizona usa- lo que ya establece la legislación federal. En un caso, de “complementar” con la pérdida de la licencia, y en el otro, de “complementar” con la facultad del policía de pedir los documentos de inmigración.
Por otro lado, uno quisiera pensar que la Corte respetará lo que ha sido la tradición jurídica del país en el sentido de que en este tema de inmigración ha sido siempre el gobierno federal el que ha prevalecido. Ya desde los considerandos, o algo así como notas explicativas, en la escritura de la Constitución de Estados Unidos, Alexander Hamilton alertaba que “si cada estado tiene el poder de darse una regla distinta, no habrá regla uniforme”.
El lado conservador de la Corte sin embargo, lleva las de ganar. Normalmente tienen en la mayoría de los casos cinco jueces que votan en ese sentido (y cuatro liberales que votan en sentido contrario). En el caso de la SB1070 será peor ya que uno de los jueces liberales se abstendrá de participar (Elena Kagan, ya que en su anterior puesto en el gobierno litigó en contra de la Ley de Arizona), es decir sólo habrán ocho jueces en la votación y de estos al menos cuatro son sólidamente conservadores.
La sentencia de la Corte sobre la SB1070 se conocerá más o menos en junio cuando se este en plena campaña electoral. El tema genera unas pasiones como pocos en la actual discusión pública nacional y con seguridad el lado perdedor culpará a la Corte de favorecer por motivos políticos o ideológicos al lado ganador.
Cuesta entender por qué la Corte se insertó ella misma en el centro de la discusión de un tema que así como el aborto en su momento, o ahora también la Ley de Salud -que igualmente la Corte ha aceptado conocer-, son de esos asuntos que pareciera no admiten puntos medios. O se está en contra o se está favor. Lo que se decrete sobre la ley de Arizona contribuirá a la polarización de una sociedad ya dividida.
