La decisión de la Corte Suprema de conocer del caso de la Ley SB1070 de Arizona pone al máximo tribunal de justicia en el centro de una de las controversias más intensas y polarizantes que tiene el país: sobre que los estados puedan legislar en asuntos de inmigración que históricamente han sido prerrogativa del gobierno federal.
Arizona por supuesto, considera que tiene el derecho de hacerlo bajo el argumento de que el gobierno federal no ha cumplido con su deber de aplicar las leyes de inmigración. Es por ello que en abril de 2010 aprobó la Ley SB1070, la que en ese momento era la ley más dura contra la inmigración indocumentada (ahora hay otras peores como la de Alabama).
Esta ley tiene artículos como el que señala que la policía puede pedir los documentos de identidad de cualquier persona que a juicio del uniformado parezca que esta en el país en situación migratoria irregular. O también otro que convierte en un delito el que un indocumentado trabaje o pida trabajo en Arizona.
Igualmente, otro artículo que obliga a los extranjeros a llevar consigo sus documentos migratorios. Y otro más, que da la facultad a las autoridades de arrestar a alguien de quien se sospecha ha cometido un crimen por el cual pudiera ser deportado. Estos cuatro artículos de la ley son los más controversiales y los cuales en su momento una juez ordenó que no se aplicaran (el resto de la ley sí se aplica) mientras se conocía de la apelación de toda la ley SB1070.
El gobierno federal por su parte, alega que lo de Arizona es inconstitucional ya que la ley se mete a lo que por siempre -desde los tiempos que se fundó Estados Unidos- ha sido asunto precisamente federal. Es el gobierno en Washington, vía la aplicación de la leyes que ha dado el Congreso, el que regula y aplica todo lo que tiene que ver con inmigración, argumenta la Administración Obama.
Es por ello que el gobierno apeló de la ley de Arizona y por ello también que la juez se pronunció ordenando que no se aplicaran esos cuatro artículos. Estos artículos son precisamente el objeto de la controversia ante la Corte Suprema y sobre los cuales el máximo tribunal sentenciará.
Aun cuando obviamente nadie sabe en qué sentido resolverá la Corte Suprema el solo hecho de que haya aceptado conocer del caso es un indicio de que el máximo tribunal pudiera inclinarse por la posición de Arizona. Si la Corte hubiese creído que el gobierno federal tiene toda la razón casi con seguridad hubiera rehusado tomar el caso. Particularmente porque tanto un juez como un tribunal de Apelaciones han sentenciado en favor de la posición del gobierno federal.
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Escrito por Carlos Rajo 



